Po
r Toni Rubio Nicás
Educador Social UCAE y socio fundador de la Asociación Entramat
Barcelona, septiembre 2015
Foto: Creative Commons
Cuando empecé a ejercer como colaborador social, hace aproximadamente veintitrés años, lo hice desde el convencimiento que el encargo más importante que tenía era muy claro: defender el interés superior del niño. Tanto la Convención sobre los derechos de los niños como la Ley de derechos y oportunidades en la infancia y adolescencia (LDOIA), así como nuestro código ético profesional dejan claro que este interés está por encima de cualquier otro criterio.
La defensa de un niño requiere algo más que una buena intención o un buen propósito. Pide más que palabras, mesas redondas y estadísticas. La defensa de nuestros niños exige acción. Y una buena acción obliga a ser valiente, autocrítico y resolutivo.
Tenemos un marco legal importante. Hemos generado unas sinergias de entidades sociales que se han concretado en el Pacto por la Infancia. Se han creado las Mesas para la Infancia con el fin de crear debate y diálogo sobre el desarrollo del pacto. Pero van pasando los años y lo más importante todavía no ha cambiado.
Si el niño está tutelado por la Administración porqué el sistema familiar está desestructurado, ¿quién debería tutelar la Administración?
El niño, cuando es víctima, es apartado de su sistema más próximo: familia, escuela, amigos… Y en esta pérdida y en la expulsión del entorno lo hacemos culpable de una manera muy sutil. Es trasladado a un centro de acogida, donde deberían protegerlo, garantizando sus derechos, sus necesidades, la continuidad de la relación con sus vínculos de entorno, escuela, amistades… Y no siempre se hace. Lamentablemente siempre hay noticias que ponen en evidencia estos hechos.
Cuando hablo de ser activos o de la necesidad de ser autoexigentes para pasar a la acción en pro de los niños, estoy proponiendo:
Que los educadores hemos de garantizar los derechos de los niños por encima del criterio del centro, sea público o privado, y hemos de ser valientes para denunciar la mala práctica ante la Administración. Y la ley debe velar por la defensa de aquellos que lo denuncian.
Que la Administración, como tutora legal, debe asegurarse que el niño está protegido y no maltratado institucionalmente y, por tanto, d
ebería incorporar auditorias educativas, de la misma manera que hay un control sanitario, estructural o de titulaciones.
Una auditoria para saber cómo están los niños, recogiendo sus sentimientos, su malestar, sus peticiones, sus carencias
, inquietudes… en la que los educadores, sin la presencia de la dirección y de una manera anónima pudieran explicar realmente cómo funciona el centro, si se respetan los derechos de los niños y si el trabajo que se hace es de equipo, consensuado y supervisado posteriormente por profesionales externos.
Auditorias que asegurasen que el seguimiento del niño por parte de todos los profesionales en el proceso no es tan solo un seguimiento administrativo, sino que quién está velando por él y su proceso, lo conozca y lo trate.
Cuando digo que hemos de actuar solo estoy poniendo voz y palabras al sentimiento que me han transmitido los niños con quienes he compartido este viaje durante est
os años.