Por Toni Rubio Nicás
Educador social y UCAE
Barcelona, junio 2014
Foto: Despiertalife
A menudo la realidad no tiene nada que ver con el pensamiento teórico o con las políticas realizadas en los despachos. Frecuentemente, los técnicos tienen demasiado trabajo y acaba sucediendo que los expedientes son simplemente papeles con un número de referencia; una historia sin rostro. En la mayoría de los casos, los engranajes y las mecánicas de actuación dentro de los mismos centros, instituciones, etc. son tan engorrosas y se encuentran tan poco evaluadas y consensuadas que caen con frecuencia en la perversidad de la contradicción y la mentira en vez de actuar en pro de la defensa de aquellos a los que aparentemente deberían cuidar.
Pensando prioritariamente en el bien del niño, existe toda una base de soporte teórico y normativo muy claramente especificado en las distintas convenciones, tratados, leyes, decretos y pactos, ya sean de carácter internacional, estatal y/o autonómico.
Teniendo en cuenta el interés del menor, promovemos seminarios, jornadas y todo tipo de encuentros profesionales donde exponemos de manera conjunta todos aquellos criterios, directrices y metodología que nos pueden facilitar la tarea en lo que respecta a la defensa de estos niños.
El niño, no obstante, se nos va como desvaneciendo progresivamente en la realidad que le ha tocado vivir y parece como si se fuese perdiendo en el proceso administrativo que su caso genera, hasta al punto que en la mayoría de las ocasiones, queda relegado en el tiempo. El menor, se encuentra entonces desamparado por culpa de una administración que debería protegerlo de un entorno que no respeta sus derechos y por lo que, paradójicamente, pasa a ser una víctima de sus protectores.
En los centros de acogida, muchas veces olvidan del todo su condición de afectado y lo perciben casi como un problema. El control social se focaliza en el niño y no en el entorno que debería velar por él. El menor se siente seguido, observado y anulado, y en la mayoría de los casos, tan sólo se le informa de sus deberes y obligaciones y no de sus derechos.
Es aquí donde entra el equipo educativo y sus educadores. Somos nosotros los que tenemos que velar por ellos, acompañarlos, establecer un vínculo y luchar para que se respeten sus derechos. Nuestra coherencia y ética profesionales deben estar por encima del miedo, de las decisiones unilaterales y de aquellas dinámicas que priorizan la ocupación de plazas, la economía u otras situaciones contrarias a su bienestar.
¿Quién controla el mecanismo que articula todo este proceso? ¿Cuál es el protocolo que garantiza que las decisiones tomadas por los equipos técnicos se den consensuadas de manera correcta y no de forma unilateral? ¿Cuáles son los instrumentos que se han habilitado para asegurar que se ejercen y se reconocen realmente los derechos de los niños?
Tal vez haya llegado el momento de tener bien claro quién debe ser protegido y así asegurar que esta protección se lleve a cabo.