Por: Ana M. Ollé
Fundación Hermanos por existir
Rep. Dominicana, octubre 2019
Foto: web: hermanosporexistir.org
Recientemente, en la zona de La Cuchilla (República Dominicana), realizamos un encuentro especial con quince hombres, lo que es algo inusual, ya que lo más habitual es que sean las mujeres quienes respondan a una convocatoria.
Quince hombres receptivos a escuchar y aprender sobre los derechos de los niños y las niñas, haciendo énfasis en la protección de las niñas abusadas dentro y fuera de los hogares. Expusimos las nuevas Leyes de la República Dominicana que protegen a los menores de cualquier maltrato, las penalizaciones que ahora existen si los padres toleran las uniones de sus hijas menores de dieciocho años, o el abuso hacia ellas.
Los quince padres de La Cuchilla, en la sección la Gina de Yamasa (Monte Plata), se percataron que no son los dueños de sus hijos e hijas, más bien sus protectores y cuidadores hasta la mayoría de edad.
Hasta hace pocos años la autoridad paterna era totalitaria y, casi, hacía los hijos, un producto de venta. Tanto era así que los padres podían casar a su hija menor con un hombre y en contra de su voluntad. Ahora estos hechos se consideran una grave violación de los derechos fundamentales, dado que el país ha asumido los compromisos internacionales de protección a los niños y las niñas.
Mostramos que el matrimonio infantil forzado es una forma de violencia intrafamiliar, o una falsa expectativa de emancipación de la menor y, con frecuencia una oportunidad de negociación entre familias, como una forma aparente de salir de la pobreza, aunque la mayoría de las veces no resuelve ni resulta satisfactoria. Por el contario, el matrimonio infantil genera enfermedades, trastornos psicológicos, dependencia económica y más pobreza.
Qué sorpresa para los asistentes escuchar que, actualmente, tanto los padres como las madres pueden ser denunciados por prácticas de abusos hacia sus hijos y pueden tener consecuencias legales y penales para aquellos que lo favorecen, así como para los adultos que se casan o se emparejan con niñas.
Las uniones tempranas de niñas las expone a más violencia y pobreza, ya que condiciona su desarrollo físico e intelectual. Un alto porcentaje de ellas abandonan los estudios y tienen embarazos de alto riesgo debido a las complicaciones que se derivan de la inmadurez fisiológica de sus cuerpos. Incluso, pueden morir ellas o el bebé (según datos de UNICEF del 2018, el 16.2% de todas las muertes maternas son de madres menores de veinte años).
Además, el embarazo a temprana edad acarrea graves consecuencias psicológicas, como el miedo a ser rechazadas socialmente, el rechazo hacia el bebé que genera sentimientos de culpa y baja autoestima en la madre.
La cultura machista de la República Dominicana hace que el 21% de las niñas en matrimonio infantil o uniones tempranas hayan sido objeto de malos tratos o abuso físico o sexual por parte de su pareja. Y se dan bastantes casos de niñas que, después de un tiempo de vida marital, son abandonadas por sus parejas y no se hacen responsables de los hijos. Estas niñas-mamás, que provienen de hogares pobres, están condenadas a seguir repitiendo situaciones similares de dependencia económica buscando su manutención y la de sus hijos.
Otra desgracia que provoca el matrimonio infantil son los padres que no reciben de nuevo a sus hijas-niñas separadas de sus parejas, alegando que ya son adultas y que tienen hijos, incluso culpándolas de su trágica situación. ¿Adultas a los quince, dieciséis o diecisiete años? ¿Quién las encaminó hacia ese destino en lugar de estimularlas en el estudio y apoyarlas para formarse y lograr un futuro mejor?
La Ley 136-03 (de protección a los niños, niñas y adolescentes) es una iniciativa que pretende retrasar la edad de los matrimonios, del embarazo y de las responsabilidades familiares, garantizando que hasta los dieciocho años, las niñas y los niños estén bajo la protección y tutela de los padres. Estos deben ser referentes y practicantes de valores como el amor, el respeto, la comprensión y el cuido.
Esta ley también pretende dar acceso a una educación de calidad que favorezca especialmente a las niñas superando la desigualdad de género, la pobreza y las familias mono-marentales.
Trabajar por una sociedad dominicana formada, madura y comprometida nos enaltece y nos fortalece como colectivo. Además, mejora las condiciones de nuestros niños y niñas, futuros ciudadanos, que requieren una dignidad y del reconocimiento y cumplimiento de sus derechos para crecer seguros, protegidos y acompañados hasta su mayoría de edad.