Por Toni Rubio Nicás
Educador social y UCAE
Barcelona, octubre del 2014
Foto: http://cort.as/HVub
A menudo la realidad no tiene nada que ver con el pensamiento teórico o con las políticas que se marcan desde los despachos. En muchas ocasiones, los profesionales o técnicos tienen demasiado trabajo y sucede así que los expedientes, acaban siendo simplemente, papeles con un número de referencia; una historia sin cara ni ojos. En la mayoría de los casos, los engranajes y las mecánicas de actuación dentro de los mismos centros, instituciones, etc., son tan tediosos y están tan poco evaluados y consensuados que caen a menudo en la perversidad de la contradicción y la mentira, en lugar de actuar en pro de la defensa de aquellos a los que, aparentemente, deberían cuidar.
En atención a la prioridad que se le atribuye a la situación del niño, se origina toda una base de apoyo teórico y normativo que queda claramente especificada en las diversas convenciones, tratados, leyes, decretos y pactos, ya sean de orden internacional, como estatal o autonómico.
Teniendo en cuenta el interés del niño, se realizan seminarios, jornadas, congresos y todo tipo de encuentros profesionales en los que se expone de manera conjunta todos aquellos criterios, directrices y metodologías que nos pueden facilitar la tarea en lo que respecta a la defensa de estos niños.
Y sin embargo, parece como si el niño, se fuera desvaneciendo progresivamente en la realidad que le ha tocado vivir y como si casi se diluyera en todo el proceso administrativo y técnico que genera su caso, llegando en muchas ocasiones a quedar como relegado en el tiempo. Por ello, a veces el niño, se encuentra desamparado por una administración que debería protegerlo de un entorno que no respeta sus derechos y que ocasiona que, paradójicamente, pase a ser una víctima de sus protectores.
En los centros de acogida, muchas veces se olvidan del todo de su condición de afectado y lo acaban percibiendo casi, como un problema. El control social se focaliza en el niño y no en ese entorno que debería velar por él. El niño, entonces, comienza a sentirse seguido, observado y anulado y con excesiva frecuencia, tan sólo es informado de sus deberes y obligaciones, pero no de sus derechos.
Y es aquí en donde entra el equipo educativo con sus educadores. Somos nosotros quienes tenemos que velar por ellos, acompañarlos, crear un vínculo y luchar para que sus derechos sean respetados. Nuestra coherencia y ética profesionales tienen que estar por encima del miedo, de las decisiones unilaterales y de aquellas dinámicas que priorizan la ocupación de plazas, la economía u otras situaciones que van en contra de su bienestar.
¿Quién controla el mecanismo que articula todo este proceso? ¿Qué protocolo garantiza que las decisiones tomadas por los equipos técnicos han sido consensuadas de una manera correcta y no unilateralmente? ¿Cuales son los instrumentos que se han habilitado para asegurar que se ejercen y se reconocen los derechos de los niños?
Quizás ya empieza a ser la hora de tener muy claro a quien se tiene que proteger y así asegurar que esta protección se lleve realmente a cabo.